La ministra de Educación, Viviane Morales Hoyos, defendió el proyecto de decreto que modifica parcialmente el Decreto 1075 de 2015 y aseguró que la propuesta no busca privatizar la educación pública, sino precisar las condiciones jurídicas para que las entidades territoriales certificadas puedan apoyarse en terceros para la administración de establecimientos educativos oficiales.
Según la ministra, el proyecto mantiene la responsabilidad del Estado sobre el servicio educativo. Indicó que, bajo el modelo de colegios en administración, los establecimientos conservan su carácter oficial, la matrícula permanece dentro de la oferta oficial y las entidades territoriales mantienen la dirección, responsabilidad, control y vigilancia del servicio.
Asimismo, Morales señaló que la modificación pretende establecer reglas más claras para que las entidades territoriales puedan contratar entidades con experiencia e idoneidad en ámbitos pedagógicos, administrativos y de gestión. El proyecto establece que, en estos contratos, el tercero administra y opera los establecimientos bajo los lineamientos y supervisión de la entidad territorial, que continúa como prestadora del servicio.
La ministra también se refirió a las críticas que han surgido alrededor de la propuesta y sostuvo que la experiencia de los colegios en administración ha mostrado resultados favorables, según las evaluaciones a las que hizo referencia, en permanencia y trayectoria educativa, resultados de las pruebas Saber 11, tránsito a la educación superior y eficiencia.
Uno de los puntos cuestionados por sectores como Fecode es la participación de iglesias y confesiones religiosas. Morales afirmó que este tipo de colaboración está contemplado desde hace años en la regulación educativa y señaló que también está previsto en la Ley de Libertad Religiosa.
El proyecto efectivamente incluye contratos con iglesias o confesiones religiosas para promover e implementar estrategias de desarrollo pedagógico en establecimientos oficiales.
Además, establece que la contratación de la prestación directa del servicio educativo tendrá carácter excepcional y deberá estar sustentada en insuficiencias o limitaciones de los establecimientos oficiales.
Frente a los cuestionamientos de Fecode y del expresidente Gustavo Petro, quienes han advertido sobre una eventual privatización y un mayor traslado de recursos públicos a operadores privados, la ministra insistió en que el proyecto no modifica el carácter oficial de los establecimientos ni transfiere al contratista la responsabilidad estatal sobre la prestación del servicio.
El proyecto de decreto se encuentra publicado por el Ministerio de Educación para recibir observaciones de los sectores interesados antes de su expedición.
