El presidente Abelardo De La Espriella ordenó el traslado a establecimientos penitenciarios de Bogotá de 20 personas privadas de la libertad que se encontraban recluidas en Barranquilla, en el marco de una estrategia para poner fin a lo que calificó como zonas de confort de quienes pretenden seguir delinquiendo desde las cárceles.
Según explicó el mandatario, diez de estos internos se encontraban “detenidos” en estaciones de Policía y otros diez en la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal de Barranquilla.
Entre las personas trasladadas, el presidente mencionó a Rodrigo Javier Pantoja Linero, alias “Rodrigo” o “El Gamo”, señalado como integrante de Los Pepes; Brayan Camilo Lobo Guerrero, alias “El Lobo” o “Comandante Gabino”, de Los Costeños; Fabio Andrés Diazgranados Pallares, alias “Caballo”, de Los Costeños; y Adrián Hernán Guerrero Peña, alias “El Miquito”, también de Los Costeños. También figuran Erick Fabián Molina Mendoza, señalado integrante de Los Pepes; Carlos Mario Polo Pérez, alias “Pastel”; Jesús Andrés Arrieta Mercado, alias “Makelele”; Andrés Felipe Londoño Cáceres, alias “Chocolate”; José Eulises Flórez Blanco, alias “Ñeco”; José Luis Barrios Álvarez, alias “El Huequito”; Dairo Luis García Quintero, alias “El Pequeño”; y Wuainer Jesús Altamar Medina, alias “El Gordo Pan”, entre otros.
De acuerdo con el mandatario, los traslados se están realizando bajo rigurosas medidas de seguridad, con apoyo de la Fuerza Pública, con el fin de evitar fugas, rescates o atentados durante el operativo.
El presidente precisó que, una vez trasladados a Bogotá, durante los quince días siguientes los internos serán distribuidos en distintos establecimientos penitenciarios del país, de acuerdo con las determinaciones de seguridad que adopte el INPEC.
De La Espriella fue enfático al señalar que desde las cárceles no se extorsiona, no se amenaza ni se dirige el crimen, y afirmó que las cárceles de Colombia las controla el Estado, no los delincuentes. El mandatario aseguró que se acabaron los privilegios y la alcahuetería con el crimen en el sistema penitenciario del país.
El anuncio se produce en medio de las gestiones adelantadas por los ministerios TIC y de Justicia con operadores móviles, orientadas a bloquear las comunicaciones no autorizadas desde los establecimientos penitenciarios.
