El presidente Abelardo De la Espriella presentó este 24 de agosto los lineamientos de su estrategia de seguridad y orden público, con la decisión de tratar bajo una misma categoría a todos los grupos armados ilegales: terroristas.
“Aquí se acabó esa división. Cuando de combatir el crimen se trata, no hay diferencias ni en la acción del Estado ni en la respuesta del Estado”, afirmó el mandatario. Según De la Espriella, la Fuerza Pública deberá responder de manera unificada frente a las estructuras criminales, sin distinciones entre sus denominaciones.
Una de las primeras medidas anunciadas es la creación de un Bloque Nacional de Búsqueda contra la Extorsión, integrado por el Ejército, la Policía, la Armada y la Fuerza Aeroespacial, con participación de la Fiscalía y la Judicatura.
El Gobierno también anunció la reactivación de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), que quedaría bajo el liderazgo de la exfiscal Marta Lurreyes. La entidad tendrá acceso, según lo anunciado, a información bancaria de los últimos cuatro años y trabajará de manera articulada con la Policía y el sistema financiero para seguir las finanzas de las organizaciones criminales.
La estrategia contempla además la reactivación del sistema de recompensas, los operativos de redadas y la red de cooperantes. A esto se suman traslados carcelarios considerados urgentes por el Gobierno para evitar que los centros penitenciarios continúen siendo utilizados para coordinar actividades de extorsión.
En materia migratoria, De la Espriella impartió instrucciones a Migración Colombia para iniciar durante esta semana operativos coordinados con la Policía en Barranquilla contra la migración ilegal y la delincuencia extranjera.
El presidente también anunció la creación de cuerpos élite de fiscales y jueces especializados para cada ciudad, además de acciones dirigidas contra el denominado “cártel de tierras” y contra el préstamo informal conocido como gota a gota. Sobre este último, afirmó que afecta a 12 millones de colombianos y lo calificó como una forma moderna de esclavitud.
“La próxima reunión con las autoridades no será para diagnosticar: será para verificar que todo lo acordado ya se esté ejecutando”, afirmó.
