El mandatario de Córdoba reiteró que el proceso de clarificación de la naturaleza jurídica de los terrenos aún está en curso y pidió que no se presenten como hechos probados asuntos que continúan bajo investigación de las autoridades competentes.
El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, se pronunció frente a la controversia relacionada con varios predios ubicados en el sector de la ciénaga El Vidrial y pidió que la información sobre este caso se presente con precisión, respetando el alcance de los documentos existentes y el estado actual de los procesos administrativos.
El mandatario recordó que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) adelanta un proceso de clarificación de linderos y de la naturaleza jurídica de los terrenos, trámite que aún no ha concluido. En consecuencia, señaló que no existe, hasta este momento, una decisión definitiva que permita afirmar que los predios involucrados son bienes de uso público, baldíos o de propiedad privada.
“Este proceso aún no ha concluido y, por tanto, no existe una decisión definitiva que permita afirmar cuál es la naturaleza jurídica de los terrenos. Lo que me corresponde es aportar la información requerida, ejercer mi derecho a la defensa y acatar las decisiones de las autoridades competentes”, manifestó el gobernador.
Zuleta Bechara reiteró además que no pretende interferir en el ejercicio periodístico ni en el control ciudadano a la gestión pública. Por el contrario, sostuvo que cualquier debate sobre el caso debe partir de información objetiva, precisa y contextualizada, diferenciando entre hechos comprobados, hipótesis, documentos técnicos y actuaciones administrativas que todavía se encuentran en trámite.
Frente al informe elaborado por la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) en 2019, el gobernador precisó que, según su interpretación, dicho documento no establece que las modificaciones identificadas en el terreno hayan sido la causa de las inundaciones registradas en el departamento, ni determina responsabilidad personal sobre esos hechos.
Asimismo, señaló que el informe hace referencia a posibles terraplenes o intervenciones cuya antigüedad se remontaría a décadas anteriores a su relación con el predio mencionado.
El gobernador también manifestó que, al momento de la adquisición, actuó como comprador de buena fe, sobre la base de la tradición histórica del inmueble y de la documentación que se encontraba vigente. No obstante, reiteró que será la autoridad competente, dentro del proceso correspondiente, la encargada de determinar la situación jurídica de los terrenos.
“Me ratifico en mi disposición de acatar las decisiones de la justicia y de las autoridades competentes. Mientras el proceso esté en curso, corresponde aportar la información solicitada, ejercer plenamente el derecho a la defensa y esperar las determinaciones que adopten las entidades responsables”, afirmó.
Finalmente, Zuleta Bechara sostuvo que la discusión sobre la ciénaga El Vidrial no debe perder de vista la dimensión estructural de la problemática de las inundaciones en Córdoba, una situación que históricamente ha afectado a miles de familias y que requiere soluciones integrales en materia de ordenamiento territorial, manejo hidráulico, protección ambiental y prevención del riesgo.
El mandatario insistió en que no puede darse por establecida una responsabilidad o una determinada naturaleza jurídica de los predios mientras las autoridades competentes no hayan culminado sus actuaciones y adoptado las decisiones correspondientes.
