La senadora María José Pizarro cuestionó el anuncio del presidente electo, Abelardo de la Espriella, de eliminar las consejerías presidenciales relacionadas con la paz y aseguró que esa decisión representaría el desmonte de la institucionalidad creada para implementar el Acuerdo de Paz.
Durante su pronunciamiento, la congresista sostuvo que la medida va más allá de una reorganización administrativa y rechazó el argumento de que responda únicamente a un propósito de ahorro. “Cuando Abelardo de la Espriella anuncia que va eliminar todas las agencias presidenciales encargadas de la paz, no está siendo una mera reforma administrativa para ahorrar recursos. Esto es lo que dice, pero no es la verdad, es el desmonte deliberado de toda la institucionalidad de paz”, expresó.
Pizarro afirmó que eliminar esas instancias significaría dejar sin efecto la ruta institucional construida durante varios años para la implementación de los compromisos derivados del acuerdo. En ese sentido, señaló que la propuesta podría afectar la búsqueda de la verdad y la consolidación de la paz en el país.
La senadora también comparó el anuncio con decisiones adoptadas durante el Gobierno de Iván Duque. “Esto es básicamente el duquismo 2.0”, dijo, al recordar que, según su posición, durante ese periodo se incumplieron compromisos relacionados con la implementación del acuerdo.
En su intervención, advirtió que debilitar la institucionalidad de paz podría tener consecuencias en los territorios afectados por el conflicto armado. Afirmó que la seguridad no depende exclusivamente del fortalecimiento de la fuerza pública, sino también de la inversión social, la educación, las oportunidades y una presencia efectiva del Estado en las regiones.
Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía, a la comunidad internacional y a las fuerzas democráticas para rechazar la propuesta. “La paz es un derecho y una obligación constitucional. El acuerdo de paz hace parte de ese bloque de constitucionalidad y desmontar su institucionalidad es darle una estocada en los últimos años de obligación de un gobierno para su implementación. Es la estocada final”, concluyó.
