En entrevista con El Tiempo, el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, insistió en que todas las entidades del nivel nacional deben rendir un reporte completo sobre la administración de los dineros públicos en los últimos cuatro años, una exigencia que cobra relevancia mientras permanece suspendido el empalme entre el presidente Gustavo Petro y el mandatario electo Abelardo de la Espriella.
La herramienta jurídica de esta exigencia es la Directiva Conjunta 001 de 2026, expedida por la Contraloría y la Procuraduría. El documento obliga a los funcionarios a dejar constancia en acta de su gestión y de los recursos que administraron, conforme a la Ley 951 de 2005 y la Circular 11 de 2006. Ambos organismos anunciaron vigilancia sobre la transición.
Rodríguez explicó que el propósito no es acumular cifras, sino entender qué revelan sobre la gestión saliente: cuánto se gastó con eficiencia, cuánto quedó sin ejecutar y qué proyectos permanecen a mitad de camino. Alertó que los compromisos contractuales sin cumplir en los plazos elevan el riesgo de reservas presupuestales y de aprietos de caja para el próximo año fiscal.
“El Estado no debe empezar de cero cada cuatro años”, afirmó el funcionario, al recordar que los contratos vigentes son obligaciones que la nueva administración deberá honrar.
Para el contralor, ese panorama financiero le permitirá al equipo de De la Espriella organizar su gestión, anticiparse y decidir con menor incertidumbre qué gastos priorizar, reprogramar o aplazar. También defendió la publicación de estos datos como garantía del control social ciudadano.
