La familia del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay rechazó este martes la declaratoria de insubsistencia del mayor en retiro Javier González Gutiérrez, quien fungía como Juez 1201 Penal Militar de Conocimiento Especializado.
El magistrado había dispuesto poco antes la preclusión de la investigación contra el subcomisario Víctor Gómez, exjefe del esquema de protección del dirigente asesinado. La salida del funcionario judicial se produjo apenas una hora después de cerrada la audiencia en la que se adoptó esa decisión por atipicidad.
La firma Víctor Mosquera Marín Abogados, que representa a las víctimas de la familia Uribe Turbay, divulgó un comunicado en el que cuestionó la medida. El escrito calificó el hecho como “jurídicamente inaceptable” en un escenario que, según los apoderados, exige rigor, objetividad y responsabilidad institucional.
Los juristas advirtieron que la coincidencia entre el fallo y la destitución representa una afectación a la independencia de la rama judicial. A su juicio, ese vínculo compromete las garantías que deben rodear el trabajo de los servidores de la justicia.
El comunicado recordó que el juez sustentó la preclusión en el desempeño del oficial encargado de la seguridad. González Gutiérrez señaló que el subcomisario “desplegó múltiples acciones para garantizar la seguridad del protegido pese a las limitaciones operativas, la escasez de personal y un esquema reducido”.
El despacho también atribuyó la responsabilidad principal a la Unidad Nacional de Protección (UNP), por las fallas logísticas y de recursos del esquema, un asunto que deberá definir la justicia ordinaria.
La firma anotó que la Fiscalía General de la Nación investiga al director de la UNP, Augusto Rodríguez, por prevaricato por omisión, proceso en el que se retiró la imputación el mismo día en que se solicitó.
