La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a la alcaldesa de Ibagué, Johana Ximena Aranda Rivera, y a cuatro personas más por presuntas irregularidades en un contrato suscrito en junio de 2024 para el suministro de alimentos destinados a perros y gatos del Centro de Atención y Protección Animal (CAPA) de la capital tolimense. Ninguno de los imputados aceptó los cargos.
La diligencia judicial se realizó ante el Juzgado 17 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Ibagué, luego de que la Fiscalía 34 Seccional radicara el proceso el pasado 22 de mayo.
Los demás vinculados al proceso son Johana Carolina Veloza Guio, asesora de despacho; Jessika Soto Salas, abogada de la Secretaría de Gobierno; el exsecretario de Gobierno Edward Amaya Márquez; y el contratista Ernesto Alfonso Quiroga Uribe.
Según la investigación, adelantada con apoyo del Grupo Anticorrupción de la DIJIN, el contrato habría sido adjudicado a una empresa cuya actividad principal era la prestación de servicios de aseo para la Alcaldía de Ibagué y varias instituciones educativas, sin experiencia relacionada con el suministro de alimentos para animales. Además, los estudios previos habrían sido elaborados con valores superiores a los del mercado y las cotizaciones se solicitaron únicamente a dos oferentes cuyos representantes legales tendrían vínculos de parentesco, afectando la pluralidad exigida por la ley.
La Fiscalía estimó que las actuaciones de los procesados permitieron direccionar el contrato a favor de Quiroga Uribe, quien presuntamente obtuvo cerca de 34,9 millones de pesos en sobrecostos. Por estos hechos, el ente acusador formuló los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
