La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al senador Johnny Moisés Besaile Fayad por el delito de falsedad ideológica en documento público agravado, dentro de un proceso relacionado con contratación pública en Córdoba.
El alto tribunal impuso al congresista del Partido de la U una pena de 69 meses de prisión por hechos ocurridos cuando se desempeñó como secretario del Interior y Participación Ciudadana de la Gobernación de Córdoba.
La investigación concluyó que Johnny Besaile alteró la fecha de expedición de la Resolución 334 del 20 de septiembre de 2012 para beneficiar a un contratista. La Corte estableció que el documento realmente habría sido emitido en febrero de 2014.
Con esa resolución, la administración departamental reconoció la personería jurídica de la Corporación Centro de Investigación y Enseñanza Agroecológica, entidad que quedó habilitada para celebrar contratos con la Gobernación de Córdoba.
La sentencia señala que el acto administrativo certificó como válida una documentación que presentaba modificaciones. También indicó que el representante legal de la organización solicitó el reconocimiento jurídico con soportes que no correspondían a la realidad.
De acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, esa actuación permitió canalizar de manera fraudulenta recursos públicos destinados a proyectos de ciencia y tecnología en el departamento.
El fallo sostiene que estos casos evidencian prácticas políticas orientadas a mantener poder regional mediante redes que involucran funcionarios y contratistas. Según el tribunal, esas estructuras buscan apropiarse de dineros públicos para financiar intereses electorales y conservar influencia administrativa.
La corporación judicial afirmó que particulares vinculados a la contratación estatal “desangran las arcas estatales”, mecanismo que luego sirve para invertir recursos en campañas políticas.
La Corte Suprema concedió a Johnny Besaile la sustitución de la pena de prisión en establecimiento carcelario por detención en su lugar de residencia mientras avanza el proceso judicial en primera instancia.
