Dirigentes campesinos de Córdoba elevaron una exigencia directa al Gobierno Nacional durante un acto de entrega de tierras y títulos: los predios que los comandantes paramilitares entregaron y que hoy administra la Sociedad de Activos Especiales (SAE) deben ser adjudicados a las comunidades víctimas del conflicto armado, incluyendo campesinos, indígenas y afrodescendientes del departamento y del país.
Yadira Zabala Pérez, representante de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) Tierralta, y Adila Zabala Pérez, también de esa organización, respaldaron la exigencia en el marco del evento realizado hace pocos días en Montería.
Los líderes advirtieron que el tiempo del Gobierno del presidente Gustavo Petro se agota, con dos o tres meses de mandato restantes, y que queda pendiente una deuda histórica con las víctimas rurales de la violencia paramilitar que azotó los campos cordobeses.
Los dirigentes recordaron que Córdoba fue epicentro de la guerra paramilitar y que ese origen violento dejó un alto número de familias despojadas que aún no han recibido restitución efectiva.
Frente a ese rezago, pidieron que el próximo gobierno, sin importar su signo político, mantenga el compromiso de transferir esos activos a las comunidades rurales que los reclaman con títulos de víctimas reconocidas.
“Esa tierra que entregaron los comandantes paramilitares, las tierras de la SAE deben ser entregadas a los campesinos y campesinas y los indígenas y afro del Departamento de Córdoba y del país”, afirmó uno de los líderes en el acto.
La advertencia incluyó un llamado directo al campesinado para defender los avances logrados y presionar porque la reforma agraria no retroceda con un cambio de administración en el poder ejecutivo.
