En varios cementerios de Córdoba, comunidades y administraciones locales construyeron bóvedas directamente sobre sitios donde fueron inhumados cuerpos no identificados en tierra, muchos de ellos presuntas víctimas del conflicto armado.
Esa práctica obliga hoy a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) a desmontar esas estructuras antes de intervenir los puntos de interés forense. Juan Carlos Zuleta Quiñones, coordinador territorial Córdoba de la entidad, describió la situación durante una entrevista con La Razón.
El proceso implica coordinar con las familias cuyos seres queridos descansan en esas bóvedas el traslado temporal de los restos a otros sitios del camposanto, mientras el equipo forense trabaja en el terreno subyacente.
“Aparte de complejo es costoso”, advirtió Zuleta Quiñones, al referirse a las exigencias logísticas y administrativas que impone esta realidad en municipios como Puerto Libertador, donde la unidad alista una nueva fase de intervención.
La dificultad no es exclusiva de un municipio. Zuleta Quiñones señaló que la disposición histórica de los cementerios cordobeses y su administración tradicional han generado este patrón en distintos puntos del departamento, lo que demanda soluciones diferenciadas para cada camposanto.
Carmelis Arrieta Suárez, coordinadora de la Regional Norte de la UBPD, advirtió por su parte que una sola intervención forense puede costar entre 15 y 45 millones de pesos, y que la entidad opera con presupuesto congelado desde 2022.
Pese a esas limitaciones, la UBPD ha recuperado 89 cuerpos en Córdoba desde 2022, 83 de ellos en camposantos.
Para 2026, el equipo territorial tiene programadas intervenciones en los cementerios Nuevo Bosque de Mocarí, Jardines de la Esperanza, Juan 23, Planeta Rica, Montelíbano y Puerto Libertador, en un departamento donde cerca de 3.500 personas se presumen desaparecidas.
