La Defensoría del Pueblo emitió este 24 de abril de 2026 un pronunciamiento de alerta tras conocerse imágenes que evidencian el ingreso de integrantes de grupos armados ilegales a instituciones educativas ubicadas en zonas rurales de los departamentos de Nariño y Cauca, donde fueron registrados distribuyendo propaganda, entregando útiles escolares y ocupando los espacios físicos de los planteles.
El organismo de control advirtió que las consecuencias de estos hechos van más allá de la suspensión de actividades académicas. La presencia de actores armados en entornos escolares genera miedo, inseguridad y presión directa sobre niñas, niños y adolescentes, lo que se traduce en aumento del ausentismo, la deserción escolar y la interrupción de las trayectorias educativas de la población infantil y juvenil.
La Defensoría también señaló que esta situación eleva el riesgo de reclutamiento forzado y de violencia sexual contra menores de edad, profundizando su vulnerabilidad en el marco del conflicto armado.
El organismo recordó que los grupos armados ilegales están obligados a respetar el Derecho Internacional Humanitario, en particular los principios de distinción y precaución, y que la Declaración sobre Escuelas Seguras de la ONU prohíbe expresamente el uso, ocupación y destrucción de establecimientos educativos por parte de actores en conflicto.
La entidad exigió al Gobierno Nacional y a las entidades territoriales adoptar medidas integrales y sostenidas que garanticen la seguridad en los entornos escolares y la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.
