La exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Liliana Ortiz Nova, acumuló este viernes un nuevo revés judicial.
La justicia colombiana negó en segunda instancia la preclusión del proceso penal en su contra, lo que abre paso definitivo a la etapa de juicio oral dentro del escándalo de corrupción que sacudió a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la UNGRD.
Con esta decisión, Ortiz Nova deberá enfrentar ante un juez los cargos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público, los mismos que la mantienen privada de la libertad desde el 18 de diciembre de 2024 en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional en Bogotá, donde lleva más de 500 días recluida sin que el juicio haya comenzado formalmente.
La defensa de la exfuncionaria había solicitado la preclusión argumentando inconsistencias en la acusación, particularmente frente al cargo de tráfico de influencias. Sin embargo, la justicia descartó esos planteamientos y confirmó que existen méritos suficientes para que el caso llegue a juicio.
Para la Fiscalía General, Ortiz actuó como enlace entre el entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González, y los exdirectivos de la UNGRD Olmedo López y Sneyder Pinilla, para la entrega de $3.000 millones de pesos en sobornos al entonces presidente del Senado, Iván Name, y al exrepresentante Andrés Calle.
La decisión llega días después de que, el pasado 8 de abril, la propia Ortiz asegurara ante el juez de control de garantías que está dispuesta a revelar “toda la verdad” del caso, al tiempo que su abogado radicó una nueva solicitud de libertad por vencimiento de términos, cuya resolución quedó pendiente para el 16 de abril.
El juicio oral será el escenario donde la acusada podrá controvertir las pruebas del ente investigador. Ortiz ha insistido públicamente en que no cometió los delitos imputados y ha denunciado obstáculos para acceder al material probatorio necesario para preparar su defensa.
