Una avalancha de rechazos sacudió este fin de semana la campaña presidencial colombiana, luego de que el presidente Gustavo Petro insinuara en redes sociales la existencia de reportes de inteligencia con conversaciones privadas del candidato Abelardo de la Espriella.
El episodio movilizó a figuras de distintos sectores de la oposición, que coincidieron en calificar las declaraciones del jefe de Estado como una amenaza directa a las garantías democráticas.
La candidata presidencial Paloma Valencia tomó la delantera con una carta abierta dirigida al mandatario, en la que advirtió que sus declaraciones sobre supuestos informes de inteligencia con conversaciones privadas de ciudadanos, empresarios y actores políticos abren un precedente profundamente peligroso para la democracia colombiana.
En esa misiva, Valencia exigió al presidente respuestas concretas sobre cuatro puntos: si el Gobierno Nacional realiza interceptaciones a ciudadanos o candidatos, si cuentan con orden judicial, qué entidades están involucradas, y si estos mecanismos operan en el marco del proceso electoral.
La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal fue más directa: le preguntó a Petro si ordenó chuzar al candidato y, de ser cierto lo que afirmó, por qué no presentó la denuncia que la Constitución le exige, cuestionando además la inacción de las instituciones frente a la participación política del mandatario.
El senador Germán Rodríguez calificó los hechos como abuso de función pública, espionaje político y persecución de la oposición, y reclamó a la Procuraduría y a la Fiscalía actuar de inmediato, argumentando que las propias palabras del presidente constituyen una prueba.
Por su parte, el abogado Víctor Mosquera, representante de la familia del senador asesinado Miguel Uribe Turbay, señaló que las declaraciones del mandatario equivalen a reconocer interceptaciones ilegales de la inteligencia colombiana, no solo al servicio de grupos armados sino también para perseguir a la oposición.
La representante a la Cámara Katherine Miranda también cuestionó al presidente directamente, preguntándole si su publicación era una aceptación de que el Gobierno intercepta las comunicaciones del candidato.
El abogado defensor de De la Espriella, Germán Calderón, solicitó al Gobierno Nacional claridad sobre el tema, calificándolo de crucial para el juego electoral y democrático del país.
