Una publicación del presidente Gustavo Petro en la red social X encendió este fin de semana una de las crisis políticas más graves del actual ciclo electoral colombiano. El mandatario insinuó la existencia de informes de inteligencia que contendrían conversaciones privadas del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, lo que desató reacciones inmediatas de políticos, juristas y rivales electorales que advierten sobre un posible uso indebido del aparato estatal.
Todo comenzó el sábado 4 de abril, en el marco del debate sobre el nuevo modelo de expedición de pasaportes, cuando Petro vinculó al candidato con los hermanos Bautista, propietarios de Thomas Greg & Sons, señalando que existirían reportes de inteligencia sobre presuntas conversaciones entre ambas partes orientadas a devolver ese contrato a manos privadas.
Ante esos señalamientos, De la Espriella negó conocer a los Bautista y lanzó un reto público al presidente: “Si tienes grabaciones mías, muéstralas”. Horas después, su movimiento Defensores de la Patria solicitó formalmente a la Fiscalía General de la Nación abrir investigaciones urgentes para determinar si el Gobierno interceptó ilegalmente sus comunicaciones.
La petición también fue dirigida a la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y otros organismos de control, con el argumento de que las declaraciones presidenciales comprometen la transparencia del proceso democrático en año electoral.
El rechazo en el espectro político fue transversal. El congresista Mauricio Gómez Amín advirtió que insinuar interceptaciones ilegales contra un candidato presidencial constituye un hecho gravísimo que pone en riesgo la democracia, y pidió a la comunidad internacional acompañar una investigación seria sobre el caso.
La senadora María Fernanda Cabal cuestionó directamente al presidente: si las afirmaciones son ciertas, ¿por qué no ha interpuesto la respectiva denuncia como lo ordena la Constitución?
La candidata Paloma Valencia, a pesar de competir en el mismo segmento electoral que De la Espriella, expresó su solidaridad con el aspirante y advirtió que funcionarios del propio Gobierno Nacional han alertado sobre posibles interceptaciones ilegales mediante herramientas como Pegasus, lo que configura un patrón que exige respuestas de fondo.
El abogado Germán Calderón, defensor de De la Espriella, calificó la situación de gravísima y señaló que del trino presidencial se desprende que el Gobierno podría estar interviniendo comunicaciones del candidato.
La controversia se suma a la disputa por el control de datos del sistema de pasaportes y profundiza la tensión entre el Ejecutivo y los sectores de oposición en la recta final de la carrera presidencial.
