Mientras Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecían ante el juez federal Alvin Hellerstein en el Tribunal del Distrito Sur de Manhattan, afuera se libraba otra disputa con sus propias reglas y una ironía difícil de ignorar: los que pedían castigar a Maduro eran venezolanos. Los que pedían liberarlo eran, en su mayoría, estadounidenses.
Franklin Gómez, expreso político y exconcejal opositor venezolano radicado en Estados Unidos desde hace más de tres años tras huir de su país, encabezó el grupo antichavista. Sostenía un muñeco de Maduro vestido de preso. Su mensaje era directo: después de años agotando todos los mecanismos posibles dentro de Venezuela, confía en que la justicia llegue desde afuera.
Del otro lado, Tom Burke, integrante de la organización Freedom Road Socialist, llegó dos horas antes de la convocatoria para exigir la liberación del exmandatario. Su argumento: Maduro no ha cometido ningún crimen. Brenda Sandberg, del Worker World Party, sumó que no hace falta ser venezolano para oponerse a lo que calificó como un exceso de Washington.
Carlos Egaña, venezolano residente en Nueva York, observaba el grupo defensor de Maduro con una mezcla de tristeza e indignación. Para él, esos manifestantes desconocen lo que vivió el pueblo venezolano bajo ese gobierno.
La policía neoyorquina separó a los grupos tras varios enfrentamientos. El debate que no pudo resolverse en Venezuela llegó, con pancartas en inglés y español, hasta las puertas de un tribunal federal estadounidense.
