La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, lanzó este jueves una advertencia sin rodeos al Gobierno Nacional: si el Ejecutivo no reactiva las órdenes de captura contra Alexander Díaz, conocido como ‘Calarcá Córdoba’, comandante del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), la Fiscalía tomará esa decisión por su cuenta.
Camargo sustentó el ultimátum en dos razones. Primera, la falta de voluntad del jefe disidente en la mesa de diálogos con el Gobierno. Segunda, la presunta comisión de delitos contra defensores de derechos humanos después de haber sido designado gestor de paz, con pruebas halladas en computadores incautados durante un retén en Anorí, Antioquia.
Los archivos, revelados por Noticias Caracol en diciembre, contienen reportes de reclutamiento de menores, registros fotográficos de secuestros y ejecuciones, y conversaciones sobre adquisición de armamento sofisticado. El caso más grave documentado es el asesinato del excombatiente Juan Gabriel Hurtado, quien adelantaba su reincorporación en el Meta y fue muerto el 6 de enero de 2024.
La mesa de paz con el EMBF atraviesa semanas de deterioro. El 24 de febrero, esa estructura ordenó a sus tropas actuar en “legítima defensa” tras combates con el Ejército en Caquetá y Guaviare, y acusó al Gobierno de haber “decidido unilateralmente dialogar en medio de la guerra” tras el fin del cese al fuego.
Este jueves, mientras la fiscal Camargo lanzaba su advertencia pública, la delegación del Gobierno se encontraba reunida con Calarcá en el Yarí. La Oficina del Consejero Comisionado no respondió a las solicitudes de pronunciamiento sobre el ultimátum de la Fiscalía.
