El presidente Gustavo Petro acusó directamente a la Contraloría General de la República de ser “cómplice de un robo” al frenar el traslado de los ahorros de los cotizantes que decidieron pasarse de los fondos privados a Colpensiones. La declaración llegó horas después de que el ente de control publicara un comunicado en el que declaró inviable el decreto del Ministerio de Trabajo que buscaba reglamentar ese traslado.
Para el presidente, el argumento de que los recursos están invertidos no justifica la demora en su devolución, “Que lo hayan invertido en cosas que la Contraloría debería investigar antes de volverse cómplice no es excusa para devolver el dinero que no les pertenece”.
El mandatario también apuntó contra la Superintendencia Financiera por guardar silencio ante lo que calificó como un “corralito de ahorros”, y acusó a los fondos privados de mover capitales al exterior para evitar devolver los recursos a los trabajadores.
La Contraloría, por su parte, sustentó su posición en un análisis técnico y jurídico concreto. El ente de control identificó que el traslado total de los 24,7 billones de pesos acumulados por las 119.496 personas que se trasladaron al Régimen de Prima Media no resulta jurídicamente viable, porque la mayoría de esos cotizantes aún no consolidó su derecho a pensión. Además, el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, mecanismo institucional diseñado para recibir esos recursos, todavía no entró en operación, lo que hace materialmente imposible el traslado.
El ente de control también alertó sobre un riesgo de fondo, que los ahorros pensionales de largo plazo terminen financiando el pago de mesadas en el corto plazo, lo que incrementaría el pasivo pensional del Estado y trasladaría esa carga a las generaciones futuras.
El debate ocurre mientras la Ley 2381 de 2024, base legal de la reforma pensional, permanece suspendida y bajo revisión de la Corte Constitucional, escenario que Petro también criticó al señalar que el tribunal teme darle un triunfo electoral al Gobierno con su fallo.
