“Colombia está a menos de 10 días de un deterioro económico sin precedentes”: presidenta de Acolgen

La presidenta del gremio generador de energía exige a la Corte Constitucional suspender el Decreto Legislativo 173 de 2026 antes de que miles de empresas quiebren.
3 horas atrás
Foto: Redes Sociales.

Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) y dirigente del Consejo Gremial, alertó que Colombia tiene menos de 10 días antes de enfrentar un deterioro económico sin precedentes si la Corte Constitucional no suspende el impuesto al patrimonio para personas jurídicas, establecido en el Decreto Legislativo 173 de 2026.

“Miles de empresas no podrán pagar dicho tributo injusto y terminarán por quebrarse”, escribió Gutiérrez en un hilo publicado en su cuenta de X, donde detalló los efectos concretos de la medida sobre el sector productivo del país.

La dirigente gremial identificó tres impactos directos del Decreto 173 sobre las empresas: primero, la medida exige liquidez inmediata que afecta la operación diaria; segundo, obliga a las compañías a endeudarse únicamente para pagarle a la DIAN; y tercero, frena en seco la inversión privada que Colombia necesita para crecer. En ese contexto, Gutiérrez subrayó que gravar el patrimonio corporativo castiga a las empresas precisamente por haber invertido en el país.

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El sector empresarial afectado genera más de 3 millones de empleos formales en Colombia, lo que convierte el debate sobre el Decreto 173 en un asunto que va mucho más allá de las finanzas corporativas.

Gutiérrez también cuestionó la base constitucional de la medida. Según la presidenta de Acolgen, la Constitución solo permite declarar una emergencia económica cuando existe una relación directa entre la crisis y la imposibilidad de atenderla por vías ordinarias, condición que el Gobierno no demostró.

Para la dirigente, el Ejecutivo utiliza la llamada crisis climática como pretexto para cubrir un faltante fiscal de 16,3 billones de pesos, sin haber aplicado antes ninguna medida de austeridad, en un contexto donde el gasto público ya supera en 2,6 puntos del PIB el nivel prepandemia.

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Ante ese escenario, Acolgen solicitó formalmente a la Corte Constitucional revisar el Decreto 173 con la mayor premura posible y ordenar su suspensión antes de que el plazo se agote.