El Presidente Gustavo Petro denunció el 17 de marzo la existencia de 27 cuerpos calcinados en la frontera con Ecuador. Los registros del Instituto Nacional de Medicina Legal cuentan otra historia, solo hay 14 cadáveres documentados, todos procedentes de Nariño, ya identificados y entregados a sus familias, y ninguno tiene relación con la crisis diplomática que Petro vinculó a esa cifra.
Los análisis forenses descartan cualquier hipótesis de masacre o ejecución. Ninguno de los 14 cuerpos presentó impactos de proyectiles ni rastros de explosivos. Todos murieron por quemaduras, y algunos alcanzaron a recibir atención médica antes de fallecer.
Lo que hay detrás de esos 14 cuerpos son dos incendios distintos ocurridos en la zona de Llorente y Tumaco entre el 23 de enero y el 1 de febrero. El primero consumió un laboratorio de procesamiento de cocaína en Inda Zabaleta, vereda del municipio de Llorente, a unos 30 kilómetros de la frontera.
Ocho cadáveres ingresaron a la unidad de Tumaco entre el 23 y el 24 de enero, registrados del caso 019 al 026. Cinco estaban carbonizados y tres tenían quemaduras en el 90% del cuerpo. Los forenses los identificaron con dactiloscopia y muestras genéticas de sus familiares.
Los ingresos posteriores en la unidad de Pasto completaron el conteo, registraban quemaduras en el 90% del cuerpo y correspondía a fragmentos carbonizados.
Tras el trino presidencial, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, llamó directamente al director de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés, para contrastar los datos oficiales con la denuncia de Petro. El resultado, trece cuerpos de diferencia entre lo que dijo el presidente y lo que registran los forenses del Estado.
