La Procuraduría General de la Nación determinó que Kevin Arley Acosta Pico, un menor que padecía hemofilia, falleció el 13 de febrero de 2026 por negligencia de la Nueva EPS. La entidad estableció que la EPS no garantizó la entrega oportuna del medicamento Emicizumab, lo que puso al niño en una situación clínica crítica de la que no pudo recuperarse.
El informe de la Procuraduría reconstruye con detalle la cadena de fallas institucionales que terminó con la vida del menor. Medicarte, la IPS que lo atendía, suspendió la entrega del medicamento a sus pacientes porque la Nueva EPS no le cancelaba los recursos adeudados.
La IPS Integral, que debía recibir a los pacientes de Medicarte, tampoco pudo asumir ese compromiso por la misma razón, la Nueva EPS no le giraba dinero. El resultado fue devastador, Kevin Arley estuvo prácticamente dos meses sin recibir el medicamento que necesitaba para vivir y cuando falleció, no estaba asignado a ninguna IPS.
El caso no se queda en una tragedia individual. La Procuraduría reveló que otros 2.000 pacientes que dependían de Medicarte y posteriormente de Integral se encuentran en alto riesgo porque tampoco tienen atención médica asegurada, lo que convierte esta situación en una emergencia sanitaria de grandes proporciones.
Las consecuencias institucionales ya empezaron, la Procuraduría enviará copia del informe a la Fiscalía General de la Nación para que investigue penalmente a quienes tuvieron responsabilidad en la muerte del menor. Paralelamente, el ente de control abrió investigación disciplinaria contra Óscar Galvis, interventor de la Nueva EPS.
La muerte de Kevin Arley se convierte así en el caso más documentado y grave de la crisis que atraviesa la Nueva EPS, una entidad que acumula deudas con sus prestadores y cuya situación financiera ya cobra vidas.
