Casi siete años después de que Aída Merlano Rebolledo se descolgara con una soga desde un centro médico en Bogotá para escapar hacia Venezuela, la Procuraduría General de la Nación cerró el capítulo disciplinario de ese caso.
En fallo de segunda instancia, el Ministerio Público ratificó las sanciones contra cuatro exfuncionarios del Inpec, entre ellos la exdirectora de la cárcel El Buen Pastor, Diana Cecilia Muñoz Miguez, quien quedó destituida e inhabilitada por 10 años para ejercer cargos públicos.
La Procuraduría comprobó que Muñoz Miguez entregó las boletas hospitalarias y la orden judicial para sacar a Merlano del centro de reclusión con el pretexto de un procedimiento estético dental, sin autorización del Inpec y sin las medidas de seguridad que exigía el traslado de una condenada de ese perfil.
La misma sanción recayó sobre el excomandante de custodia David Alexander Álvarez Cárdenas, quien firmó la remisión médica sin garantizar condiciones mínimas de vigilancia, ambas faltas fueron calificadas como gravísimas cometidas con dolo.
La exsubdirectora Katherine Lozano Forero también recibió destitución e inhabilitación por 10 años por aprobar los traslados de Merlano al consultorio los días 26 de septiembre y 1 de octubre de 2019, falta tipificada como gravísima a título de culpa gravísima.
El exdragoneante Luis Alejandro Ballesteros Rincón, en cambio, recibió una suspensión de tres meses por permitir que Merlano se reuniera con sus hijos durante la cita médica, conducta calificada como descuido inexcusable.
El 1 de octubre de 2019, Merlano aprovechó la visita odontológica para descolgarse con una soga desde el Centro Médico de La Sabana y huir.
Llegó a Venezuela, donde fue capturada y luego extraditada a Colombia, donde actualmente cumple su condena por delitos electorales. Para la Procuraduría, los cuatro exfuncionarios “vulneraron los principios de moralidad, responsabilidad, transparencia y eficacia” que la ley exige a los servidores públicos.
