Cuatro horas de deliberación no fueron suficientes. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia no logró mayoría este jueves para definir si cinco congresistas y un excongresista, procesados por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), van a juicio y a prisión. El empate entre los magistrados forzó a suspender la sesión.
El próximo 11 de marzo, el tribunal elegirá conjueces para desbloquear el debate. La fecha es delicada: tres días después de las elecciones legislativas del 8 de marzo, en las que algunos de los procesados aspiran a conservar su curul.
Los parlamentarios en la mira son Wadith Manzur y Liliana Esther Bitar, del Partido Conservador; Julián Peinado Ramírez y Juan Pablo Gallo, del Partido Liberal; y Karen Astrid Manrique, de Curules de Paz. El excongresista Juan Diego Muñoz, de Alianza Verde, también enfrenta la acusación.
La ponencia del magistrado Misael Rodríguez, que propone llamarlos a juicio y ordenar su detención, advierte que su peso político podría convertirse en un riesgo para el proceso. Según el documento, los acusados, “al ser figuras políticas con influencia regional y nacional, podrían influir en el juicio en caso de prosperar la acusación”.
El fondo del asunto apunta a un intercambio irregular: los congresistas habrían recibido contratos de obras y cupos presupuestales para sus territorios a cambio de respaldar proyectos del Gobierno en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. La Corte denominó ese esquema una “empresa criminal”.
El expediente reúne chats entre los legisladores y la exasesora del Ministerio de Hacienda María Alejandra Benavides, escuchas telefónicas del último trimestre de 2024, y declaraciones del exdirector de la UNGRD Olmedo López y del exsubdirector Sneyder Pinilla.
