La declaración del presidente colombiano agudiza las tensiones diplomáticas con Quito en medio de una guerra comercial que ya golpea a productores y consumidores de ambos países.
El presidente Gustavo Petro lanzó una afirmación que sacudió las ya tensas relaciones con Ecuador: según el mandatario colombiano, la exportación de cocaína que sale del territorio nacional tiene origen cada vez más ecuatoriano.
La declaración, publicada en su cuenta de X, llegó en el peor momento posible, justo cuando los dos países se encuentran enfrascados en una escalada arancelaria que amenaza el comercio binacional y la integración regional.
Petro no solo señaló a Ecuador como punto de origen del problema, sino que fue más allá y le pidió directamente al presidente Daniel Noboa reforzar los controles en puertos y aeropuertos de su país. “El presidente Noboa debe lograr asegurar más sus puertos y aeropuertos, podemos ayudar”, escribió el mandatario, en un tono que mezcla la advertencia con el ofrecimiento de cooperación técnica.
La guerra de aranceles entre Colombia y Ecuador no surgió de la nada. Ecuador justificó sus medidas comerciales precisamente en la necesidad de presionar a Colombia para que refuerce la seguridad en la frontera compartida de 580 kilómetros frente al narcotráfico. Quito impuso primero un arancel del 30% a las importaciones colombianas, y el pasado lunes lo escaló al 50% a través del Servicio Nacional de Aduana (Senae).
Colombia respondió con un arancel del 30% a 23 partidas arancelarias que agrupan 73 subpartidas de bienes agrícolas, alimenticios e industriales, y restringió el ingreso terrestre de productos como arroz, plátano, banano, papa, cebolla y tomate.
Pese al cruce de acusaciones, Petro reconoció que el problema fronterizo va más allá de los radares. El mandatario admitió que el mayor desafío está en el paso por selvas y ríos, corredores que las organizaciones criminales usan para mover droga hacia el Pacífico y los mercados internacionales. Por eso planteó una coordinación entre las armadas de los dos países para vigilar los pasos fluviales.
Mientras tanto, la Comunidad Andina llamó a una solución negociada, al advertir que las medidas de ambos gobiernos comprometen el proceso de integración regional.
