El presidente Gustavo Petro no guardó silencio ante el concepto de la Procuraduría General de la Nación que solicita declarar inconstitucional el decreto de emergencia económica.
Con tono directo, calificó la postura del ente de control como “miope” y le pidió formalmente a la Corte Constitucional levantar la suspensión que pesa sobre el Decreto 1390 de 2025, actualmente bajo medida cautelar.
Para Petro, la emergencia económica no es un capricho político sino una respuesta necesaria ante una situación fiscal que, según sus propios números, resulta insostenible, el crecimiento real de la economía colombiana se ubica en 2,6%, mientras la tasa real de interés llega al 5%, y el déficit primario alcanza los 65,7 billones de pesos.
El mandatario puso un dato sobre la mesa para dimensionar el problema, ese déficit primario es incluso inferior al subsidio a la gasolina, que llegó a los 70 billones de pesos.
Petro calificó esa política como el peor error económico de los últimos años, y la usó como argumento para sostener que la emergencia económica busca corregir desequilibrios estructurales acumulados.
El presidente extendió sus críticas más allá de la Procuraduría. Señaló que ni el Congreso ni la Corte Constitucional permitieron reducir el déficit mediante impuestos a los sectores más ricos, y cuestionó al Banco de la República por elevar la tasa real de interés en contravía de la teoría económica. Además, acusó a la oposición de construir deliberadamente un “sendero de insostenibilidad” que podría desembocar en una crisis financiera generalizada.
El procurador Gregorio Eljach radicó su concepto ante el magistrado Carlos Camargo, argumentando que temas como el financiamiento de defensa, la Unidad Nacional de Protección y el pago de sentencias judiciales no corresponden a una emergencia económica. Sin embargo, el Ministerio Público respaldó mantener la exequibilidad en materia de aseguramiento en salud.
La Corte Constitucional tiene plazo hasta el 16 de abril para emitir un fallo definitivo sobre este decreto, que nació como respuesta a la crisis humanitaria en el Catatumbo.
