La Defensoría del Pueblo desplegó misiones de verificación en sectores rurales de Córdoba tras detectar retrasos en la llegada de ayudas humanitarias para familias afectadas por la ola invernal.
La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, explicó que su equipo visitó comunidades donde la atención institucional no fluye con la misma rapidez que en los cascos urbanos. La entidad busca identificar necesidades urgentes y trasladar recomendaciones a las autoridades competentes.
Durante su agenda en el departamento, Marín recorrió albergues como Japilora y Santa Rosa de Lima, además de áreas rurales como El Vidrial, Severa y Valparaíso. Allí recogió información directa sobre afectaciones en vivienda, seguridad alimentaria, producción agrícola y acceso a servicios básicos.
La funcionaria reconoció que alcaldías y Gobernación han realizado esfuerzos significativos; sin embargo, advirtió que la magnitud de las lluvias superó la capacidad de respuesta de varios municipios, en especial los de categoría 6 en el sur del territorio.
“La emergencia no ha terminado”, reiteró, al señalar que la etapa de recuperación exigirá la misma atención que la fase crítica. En ese contexto, pidió al Gobierno Nacional fortalecer su intervención para evitar que las comunidades rurales queden rezagadas.
La Defensoría participa además en espacios interinstitucionales y en el Puesto de Mando Unificado con el objetivo de formular observaciones orientadas a proteger derechos fundamentales. Entre sus preocupaciones figuran la correcta caracterización de la población damnificada y la evaluación responsable de retornos a zonas de riesgo.
Marín sostuvo que la entidad mantendrá presencia en terreno para verificar que las decisiones públicas prioricen a quienes enfrentan mayores barreras geográficas y sociales, y que la asistencia humanitaria llegue con oportunidad a las zonas más apartadas de Córdoba.
