La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, afirmó que actualmente no existen condiciones suficientes para instalar una zona de ubicación temporal del Clan del Golfo en Tierralta, Córdoba, como parte de los diálogos impulsados por el Gobierno Nacional.
La funcionaria explicó que la Ley 2272 de Paz Total contempla esa figura jurídica, pero precisó que su aplicación exige un momento avanzado del proceso de conversaciones. En su criterio, ese escenario aún no se configura.
“En este momento, hacer una concentración en ciertas zonas va a implicar darle seguridad a estas zonas de ubicación temporal, cuando además no hay un cese de hostilidades ni de acciones en contra de la población civil”, advirtió.
Marín sostuvo que, aunque el grupo armado ha anunciado compromisos como respetar el proceso electoral, suspender el reclutamiento y avanzar en desminado, la Defensoría no ha verificado cambios estructurales en su comportamiento. Según indicó, la entidad observa que la organización mantiene su crecimiento y presencia territorial.
La jefa del Ministerio Público también recordó que las zonas de ubicación temporal deben establecerse cuando existan señales claras de desarme y acuerdos definidos sobre condiciones de tránsito hacia la legalidad. A su juicio, ese punto todavía no se alcanza.
Expansión del grupo armado
Durante su visita a Córdoba, Marín señaló que el Clan del Golfo figura como la estructura ilegal con mayor expansión en los últimos seis años. En el departamento, agregó, ejerce un dominio predominante que reduce disputas visibles, pero consolida control territorial.
La Defensoría insistió en que cualquier decisión relacionada con zonas de concentración debe priorizar la protección de la población civil y garantizar avances verificables hacia el fin de la violencia.
