La Contraloría General de la República reiteró su llamado al Gobierno Nacional y, en particular, a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), para que aceleren y refuercen la atención a las comunidades afectadas por la temporada invernal en el departamento de Córdoba.
El pronunciamiento se dio tras una visita técnica a zonas inundadas de Montería, Cereté, Lorica y San Pelayo, donde el ente de control evidenció que en varios sectores el agua permanece estancada, lo que podría generar riesgos sanitarios por su descomposición. En ese contexto, advirtió que sería necesario implementar bombeo mecánico para conducir las aguas hacia ríos y caños cercanos y mitigar posibles afectaciones a la salud.
La entidad también expresó preocupación frente a la presunta orden de retirar diques y compuertas en áreas anegadas sin verificar previamente estudios hidráulicos ni autorizaciones ambientales. Según indicó, una intervención sin los soportes técnicos requeridos podría alterar el comportamiento hidrológico y generar daños mayores, incluso al patrimonio público.
De acuerdo con el reporte oficial, la emergencia deja hasta el momento 81.114 familias afectadas, equivalentes a 225.675 personas, en 25 municipios de Córdoba. Asimismo, se registran 150.500 hectáreas de cultivos inundadas, 65 acueductos, 16 centros de salud y 464 instituciones educativas impactadas, además de 1.948 kilómetros de vías y 124 puentes vehiculares afectados.
La Contraloría informó que continúa el seguimiento a la apropiación y ejecución de los recursos destinados a la emergencia y reiteró que estos deben invertirse exclusivamente en la atención de los damnificados.
