La Corte Suprema de Justicia avanza hacia el juicio contra los excongresistas Iván Name Vásquez y Andrés Calle Aguas. El magistrado Jorge Emilio Caldas, quien lidera la Sala de Primera Instancia, convocó la audiencia preparatoria para el jueves 5 de marzo a las 2:00 p.m. en modalidad virtual.
Esta diligencia definirá el material probatorio que analizará el tribunal durante el juzgamiento. Ambos políticos enfrentan cargos por cohecho impropio y peculado por apropiación, vinculados al entramado corrupto de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
Name y Calle fueron capturados en mayo de 2025. La Policía detuvo al primero el 7 de mayo, mientras el segundo se entregó voluntariamente en el búnker de la Fiscalía. Agosto de ese año marcó su acusación formal, que intentaron tumbar sin éxito: la Corte ratificó los cargos en octubre.
Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la UNGRD, declararon que Name recibió tres mil millones de pesos y Calle mil millones. Estos recursos habrían salido de sobrecostos en la compra de cuarenta carrotanques para agua potable en La Guajira.
La exconsejera Sandra Liliana Ortiz Nova aparece como enlace clave. Habría llevado maletas repletas de billetes hasta un apartamento del norte de Bogotá donde se reunió con Name. Por su parte, Pinilla confesó haber entregado personalmente el dinero a Calle en Montería, capital cordobesa.
Carlos Ramón González, exdirector del Dapre refugiado en Nicaragua, habría ordenado distribuir el dinero en octubre de 2023, previo a las elecciones regionales. Su objetivo: acelerar trámites de reformas del Gobierno Nacional.
La Fiscalía describe el esquema como “una empresa criminal” supuestamente comandada por los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, hoy encarcelados.
Calle solicitó libertad por el nacimiento de su hijo y tras renunciar a su curul, pero la Corte negó el pedido. Ortiz tampoco prosperó con su tutela.
El día anterior a su captura, Name habló ante el pleno del Congreso: “Siento que cumplí con mi deber de enfrentar el desbordamiento institucional”.
