La Superintendencia de Sociedades impuso una multa superior a los 1.200 millones de pesos a Impoamericana Roger S.A.S., compañía responsable de proveer los cuestionados carrotanques destinados a abastecer de agua potable zonas alejadas de La Guajira.
La sanción, oficializada el pasado 19 de febrero, responde a una investigación adelantada por actos de corrupción bajo el marco de la Ley 2195 de 2022. El proceso examinó irregularidades en el suministro de 40 vehículos tipo carrotanque a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El contrato, formalizado mediante la Orden de Proveeduría SMD-CTQ-192-2023 del 12 de octubre de 2023, alcanzó un valor total de $46.800 millones. Esta operación se ejecutó durante la emergencia económica, social y ecológica declarada en el departamento guajiro.
La autoridad encontró transgresiones relacionadas con prácticas corruptas, lo que derivó en una multa de $1.298.795.622 y medidas adicionales contra la sociedad. Entre estas figuran la declaratoria de inhabilidad para contratar con entidades estatales, la remoción de sus administradores y la prohibición de recibir subsidios gubernamentales durante una década.
Adicionalmente, la Superintendencia ordenó publicar la parte resolutiva de la sanción en un medio de circulación nacional.
Billy Escobar Pérez, superintendente de Sociedades, manifestó el compromiso de la entidad con la promoción de la ética corporativa y la lucha anticorrupción como ejes fundamentales para consolidar la legalidad empresarial.
El caso genera controversia adicional al revelarse que Impoamericana Roger opera comercialmente en la venta de material de ferretería y carne para consumo humano, sectores alejados del objeto contractual por el cual recibió los millonarios recursos durante la crisis hídrica guajira.
