El Gobierno nacional salió a defender el Decreto 175 de 2026 tras las críticas que generó la habilitación de contratación directa para atender la crisis por las lluvias en varias zonas del país. El argumento central: en una emergencia real, esperar meses para completar un proceso de licitación no es una opción viable cuando la gente necesita ayuda inmediata.
Alberto Londoño, viceministro de Hacienda, fue el encargado de explicar la medida. “Imagínense que le digan a la gente que está en Córdoba inundada que hay que esperar un proceso de licitación que puede demorar dos meses para conseguir las cosas de primera necesidad”, dijo en declaraciones a La FM. Para el funcionario, la agilidad en la contratación no es un capricho sino una necesidad humanitaria concreta.
El Decreto 175, expedido por el Ministerio de Agricultura, permite a las entidades públicas contratar de forma directa bienes, servicios y logística para ejecutar las medidas de atención a la emergencia. Además, autoriza adicionar contratos vigentes sin el límite del 50% del valor inicial que establece la Ley 80 de 1993, lo que en circunstancias normales sería impensable.
Londoño aclaró que la medida tiene un alcance territorial y temático muy específico: aplica únicamente en las zonas afectadas por la emergencia y en asuntos relacionados con la reactivación agropecuaria. “Esto no puede ser para contratar cosas en Bogotá o en Medellín”, precisó.
Lo que hace más llamativo este caso es que el mismo viceministro admitió los riesgos que trae la contratación directa. “Como se dice vulgarmente, se contrata a dedo, no se busca que haya varios oferentes”, reconoció, y por eso hizo un llamado expreso a la Procuraduría y a la Contraloría para que vigilen que los contratos suscritos bajo esta figura estén efectivamente relacionados con la atención a la crisis y que los recursos no se desvíen hacia otros proyectos.
El decreto llega en plena vigencia de la ley de garantías, que restringe la contratación directa durante períodos preelectorales precisamente para evitar que los gobiernos utilicen los contratos como mecanismo de influencia política. A esto se suma que, según distintos sectores, antes de que entrara en vigor esa ley se registró un aumento en la contratación pública, lo que alimentó las dudas sobre el uso de la figura de emergencia.
El Gobierno insiste en que la medida es excepcional, acotada y justificada. Los organismos de control tendrán la última palabra.
