La Procuraduría General de la Nación visitó esta semana los municipios de Canalete, Tierralta, Puerto Libertador, Valencia, Cereté, Lorica y San Pelayo para comprobar de primera mano las condiciones en que se encuentran los albergues habilitados para las personas afectadas por las lluvias en Córdoba, así como la respuesta de las entidades del gobierno nacional encargadas de su atención.
El recorrido estuvo a cargo de las delegadas para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer, y para la Gestión y la Gobernanza Territorial del Ministerio Público, quienes contaron con el acompañamiento de los procuradores regionales y provinciales de Córdoba y Sucre.
La visita incluyó seguimiento a la labor del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; el Ministerio de Igualdad y Equidad; el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; el Ministerio de Educación Nacional y el ICBF.
En Canalete, las cifras registradas en el censo local reflejan la gravedad de lo ocurrido: más de 14.000 damnificados, 273 viviendas destruidas por completo, más de 1.400 casas con daños y otras 700 declaradas inhabitables.
La delegada María Fernanda Rangel Esparza explicó que este municipio enfrenta una situación particular frente al resto del departamento: “El caso de Canalete es diferente a los demás municipios afectados en Córdoba, porque hubo una avalancha que arrasó los barrios Berlín y Villa Olímpica, y dejó incomunicado el corregimiento de Popayán”.
En la capital del departamento, las autoridades municipales reportaron que la temporada de lluvias dejó 14.752 familias afectadas, equivalentes a 43.511 personas, y la destrucción total de 39.000 hectáreas productivas.
