En Córdoba, la emergencia climática ya no se puede ver como un episodio excepcional ni como un simple problema de lluvias intensas, lo que vive hoy el departamento es una alteración profunda del territorio, de la vida cotidiana y de las condiciones mínimas de seguridad para miles de personas. Las cifras oficiales son demoledoras.
De acuerdo con reportes consolidados de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, más de 113.600 hectáreas de tierra permanecen inundadas, lo que equivale a 1.136 kilómetros cuadrados bajo el agua, para dimensionar la magnitud de la emergencia , esta es una extensión superior al territorio de Singapur.
No estamos, entonces, ante afectaciones puntuales ni ante inundaciones aisladas, se trata de una emergencia de gran escala, con impactos acumulativos sobre zonas rurales, barrios urbanos, vías, economías locales y, sobre todo, sobre la vida de miles de familias.
En este contexto, limitar la conversación a la intensidad de las lluvias resulta insuficiente, la pregunta de fondo es otra: ¿Cómo debe actuar el Estado cuando una emergencia climática de gran escala ya no es fortuita , sino que sus consecuencia son agravadas por riesgos excepcionales creados?
Para abordar esa pregunta conviene traer a la discusión un concepto que suele sonar lejano, pero que tiene efectos muy concretos en la vida diaria de las personas, el control de convencionalidad, estosignifica que todas las autoridades del Estado; no solo los jueces, están obligadas a actuar de manera compatible con los tratados internacionales de derechos humanos que el país ha ratificado.
No es una figura teórica ni una exigencia abstracta, es una regla práctica que orienta cómo se toman decisiones públicas cuando están en juego derechos Humanos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara en este punto, el control de convencionalidad se ejerce en todo momento, incluso y especialmente en contextos de crisis y emergencia. La existencia de una situación excepcional no suspende las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, por el contrario, las intensifica.
Llevado al escenario actual de Córdoba, esto tiene implicaciones claras. Cuando una emergencia climática afecta a decenas de miles de personas, compromete derechos esenciales como la vida, la integridad personal, la vivienda, la salud, el acceso al agua potable y los medios de subsistencia. Frente a ese panorama, el Estado no solo debe reaccionar con rapidez; debe hacerlo de manera razonable, proporcional y orientada a la protección efectiva de esos derechos.
Es evidente que la atención inmediata es indispensable, albergues, ayudas humanitarias, evacuaciones y asistencia básica son respuestas necesarias para evitar daños mayores. Pero el control de convencionalidad obliga a ir más allá de la urgencia, exige preguntarse si las decisiones públicas están diseñadas únicamente para apagar incendios o si, por el contrario, están orientadas a reducir el riesgo y evitar que el daño se repita.
Aquí aparece un elemento central que muchas veces se pierde en el debate público, la previsibilidad, cuando un fenómeno climático extraordinario incide sobre territorios expuestos a riesgos excepcionales previamente generados, la imprevisibilidad del evento no elimina la responsabilidad del Estado, y cuando el riesgo es previsible, el derecho exige una respuesta más exigente.
No basta con declarar emergencias o estados de excepción , es necesario revisar la forma en que se planifica el territorio, se gestionan los sistemas hídricos y se toman decisiones que pueden amplificar o reducir la exposición al daño.
Desde la óptica del control de convencionalidad, la gestión del riesgo climático no es solo un asunto técnico o administrativo, es un componente esencial del deber de garantía de los derechos humanos, esto implica que las autoridades deben incorporar criterios de prevención, adaptación y protección diferenciada, especialmente cuando las poblaciones afectadas son las más vulnerables. La emergencia climática no golpea a todos por igual, y el derecho no puede tratarla como si lo hiciera.
Cuando una extensión comparable al territorio de un país entero queda bajo el agua, no estamos frente a un problema menor ni coyuntural, estamos ante una transformación abrupta del territorio en el que viven, trabajan y se desarrollan miles de personas. Normalizar esa situación bajo el argumento de que “así es el invierno” equivale a aceptar, de manera tácita, una vulneración estructural de derechos.
El control de convencionalidad también exige coherencia. Las decisiones que se adopten hoy para enfrentar la emergencia climática no pueden contradecir los compromisos internacionales asumidos por el Estado ni desconocer estándares básicos de protección. La rapidez no justifica la improvisación, y la urgencia no excusa la falta de planificación.al contrario, cuanto más crítica es la situación, mayor debe ser el cuidado jurídico con el que se actúa.
En un escenario de cambio climático, esta exigencia se vuelve aún más relevante. Los eventos extremos no serán una rareza, sino una constante, gobernar desde la emergencia permanente es una estrategia frágil, el derecho internacional de los derechos humanos ofrece una guía clara, la protección efectiva de los derechos exige anticiparse, no solo reaccionar, exige aprender de lo ocurrido y ajustar las decisiones públicas a una realidad climática que ya cambió.
La emergencia climática en Córdoba, entonces, no es solo un desafío ambiental ni un problema de infraestructura, es una prueba para el Estado de Derecho, una prueba sobre si las instituciones son capaces de actuar con responsabilidad, con visión de largo plazo y con respeto real por los derechos de las personas, incluso cuando las decisiones son difíciles y los recursos son limitados.
El control de convencionalidad no es un obstáculo para la acción estatal, es una brújula que ayuda a no perder el rumbo en medio de la crisis, recordar su vigencia en momentos como este no es un ejercicio académico; es una forma concreta de exigir que la emergencia no se convierta en una excusa para normalizar el daño.
Porque cuando el agua baja y las cámaras se van, lo que queda son los territorios destruidos, las familias afectadas y una pregunta que seguirá abierta: ¿aprendimos algo de esta emergencia o simplemente nos preparamos para repetirla?
Posdata.
Esta semana, con ocasión de mi ejercicio profesional, estuve trabajando directamente en Córdoba y recorriendo zonas impactadas por la emergencia, hablé con familias que aún no han podido regresar a sus casas y caminé por territorios donde la vida cotidiana quedó suspendida por el agua.
Lo digo con conocimiento de causa; el país todavía no ha dimensionado la magnitud real de la catástrofe que sufrió mi tierra. Lo ocurrido en Córdoba no es un episodio más del invierno; es un hecho de escala histórica cuyas consecuencias apenas comienzan a sentirse.
