El presidente Gustavo Petro fijó transitoriamente el salario mínimo mensual legal del año 2026 en $1.750.905 mediante el Decreto 0159 del 19 de febrero de 2026, lo que representa un incremento del 23% frente al salario mínimo mensual legal vigente fijado para el año 2025.
El Ministerio del Trabajo publicó el decreto tras el cumplimiento de lo dispuesto en el resuelve tercero del Auto proferido el 12 de febrero de 2026 por la Sección Segunda, Subsección A, de Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
El decreto se expide en cumplimiento de una orden judicial que determinó diferir los efectos de la suspensión provisional del Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025 únicamente a partir de la fecha en que se publique el nuevo acto administrativo ordenado anteriormente.
El resuelve cuarto de la citada providencia ordenó a las entidades competentes que, dentro de los ocho días calendario contados a partir del día siguiente a la notificación de esta providencia, realicen, expidan y publiquen un decreto en el que se fije el porcentaje de aumento del salario mínimo para el año 2026 y el consecuente valor total del mismo para esta vigencia.
En atención al criterio de cierre progresivo de la brecha hacia un ingreso de suficiencia, el incremento del 23% se determinó con base en las condiciones y cifras disponibles para el año 2025, de manera que la brecha pendiente estimada se sitúa en 4,54%, valor asociado a la proyección de inflación para 2026.
El decreto establece que el salario mínimo debe ser no solo vital sino también móvil, lo que implica su ajuste periódico en función de las variaciones económicas y sociales que inciden en el poder adquisitivo de las personas trabajadoras, de manera que la remuneración conserve su capacidad real para garantizar condiciones de vida digna.
El Decreto 0159 de 2026 estará vigente desde la fecha de su publicación y hasta que se dicte sentencia en el proceso de nulidad radicado 11001-03-25-000-2026-00004-00 (0004-2026) que cursa en la Sección Segunda, Subsección A, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
