En teoría, las consultas electorales existen para fortalecer la democracia interna de los partidos, permitir que la ciudadanía escoja candidaturas y oxigenar la política. En la práctica colombiana reciente, muchas de ellas se han degradado hasta convertirse en un nicho de negocio tan rentable como vergonzoso, sostenido con recursos públicos y justificado con un discurso épico que no resiste el menor análisis jurídico.
El problema no es la figura en sí. La Constitución y la ley permiten las consultas como mecanismo legítimo de participación. El problema es el uso perverso que ciertos políticos han hecho de ellas, transformándolas en un simple trámite para acceder a la reposición de votos, esa plata que debería incentivar la participación ciudadana y terminó siendo el verdadero botín.
Bajo el ropaje de la “democracia interna”, muchos aspirantes sin opción real de ganar nada se lanzan a consultas sabiendo que perderán, pero con la certeza de que cada voto tiene precio. No buscan representar a nadie ni liderar proyectos colectivos: van por la caja. La consulta deja de ser un mecanismo democrático y pasa a ser una estrategia financiera, legal en el papel, pero éticamente nauseabunda.
Lo más grave es que este negocio opera con la complacencia de un sistema que mira para otro lado. El Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil verifican requisitos formales, pero no pueden —ni suelen— evaluar la buena fe política de quienes participan. El resultado es un mecanismo secuestrado por la viveza criolla, donde la ley se cumple, pero la democracia se vacía de contenido.
Así, las consultas dejan de ser un escenario de deliberación y se convierten en una feria de microcandidaturas, sin programas, sin debates reales y sin responsabilidad política. El elector no elige: financia. Y el Estado no promueve la participación; subsidia la mediocridad política.
Defender este modelo a ultranza, bajo la excusa de que “todo lo legal es democrático”, es una trampa peligrosa. La democracia no se reduce a cumplir formularios ni a sumar votos para cobrar cheques. Requiere finalidad pública, coherencia política y respeto por los recursos de todos.
Si no se revisa de fondo el sistema de consultas y, especialmente, el esquema de reposición de votos, seguiremos presenciando esta vulgaridad: políticos que fracasan en las urnas, pero triunfan en la contabilidad, mientras la ciudadanía se aleja cada vez más de unos mecanismos que prometían participación y hoy solo producen desconfianza.
Porque cuando la política se convierte en negocio,
la democracia deja de ser un derecho
y pasa a ser un pretexto.
