El Consejo de Estado suspendió de manera provisional el decreto que fijaba el salario mínimo para 2026 con un incremento del 23,7%, el más alto en la historia del país. La razón: el Gobierno Nacional no siguió las reglas técnicas que exige la ley.
El alto tribunal revisó cerca de 30 demandas presentadas contra el decreto 1469. Todas coincidían en lo mismo: el Ejecutivo ignoró los criterios económicos obligatorios al momento de definir el aumento.
Ahora el Gobierno tiene ocho días calendario para sacar un nuevo decreto provisional. Este debe incluir un porcentaje que sí cumpla con los indicadores macroeconómicos que marca la ley. Ese nuevo monto quedará vigente mientras la justicia define si tumba o no la medida original.
La decisión judicial es prácticamente inédita. Solo hay un antecedente: en 2017 el mismo tribunal anuló un decreto de salario mínimo, pero en ese caso porque el aumento era muy bajo y ordenó subirlo.
El documento del Consejo de Estado dice que el Ejecutivo debe aplicar “la totalidad de los criterios económicos y constitucionales previstos en el inciso segundo del parágrafo del artículo 8 de la Ley 278 de 1996”.
Esa norma de 1996 es clara: al fijar el salario mínimo, el Gobierno debe tener en cuenta y justificar aspectos como la inflación, la productividad, cuánto aportan los salarios al ingreso nacional, el comportamiento del PIB y la meta de inflación.
Según las demandas, ninguno de estos elementos fue considerado de manera adecuada al expedir el decreto 1469. El tribunal les dio la razón.
La suspensión que ordenó el Consejo de Estado solo empezará a regir cuando salga el nuevo decreto. Es decir, por ahora el aumento del 23,7% sigue aplicando, pero el reloj ya corre para el Gobierno.
El tribunal aclara que esta medida cautelar no significa que ya haya decidido si el decreto es válido o no. Eso lo resolverá después, con sentencia definitiva.
