Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, lanzó un ultimátum al Legislativo durante un evento público: si los congresistas no aprueban el Estatuto del Trabajo, el Ejecutivo convocará una Constituyente.
El funcionario recordó que esta normativa lleva más de 30 años sin cumplirse, pese a estar ordenada en la Constitución de 1991.
Según el Gobierno, la falta de este estatuto ha deteriorado las condiciones laborales de millones de colombianos.
El artículo 53 de la Carta Política obliga a crear una ley que unifique derechos como la estabilidad en el empleo, la protección salarial y la primacía de la realidad sobre los contratos escritos. Ninguna administración lo ha concretado.
“Está aún pendiente la expedición de un Estatuto del Trabajo y esa debe ser una prioridad legislativa del próximo gobierno o de una Constituyente”, dijo Sanguino. El ministro fue claro al plantear la disyuntiva: o el Congreso actúa, o el pueblo decidirá a través de otro mecanismo.
El Ejecutivo presentará el texto cuando arranque el nuevo periodo legislativo.
“Va a estar gravitando sobre nosotros la propuesta de una Constituyente que estamos promoviendo desde el Gobierno nacional. Será un proyecto de ley que le presentaremos al Congreso de la República, o que se le presentará a la ciudadanía a través del Congreso el próximo 20 de julio, cuando se instale el nuevo periodo legislativo”, explicó.
La advertencia es directa: “¿Tenemos una reforma legal? Bueno, pues si no hay reforma en el Congreso, habrá Constituyente”. Con esta frase, Sanguino dejó claro que la paciencia del Gobierno tiene límite.
Analistas políticos interpretan el anuncio como una presión calculada hacia las bancadas que han bloqueado otras propuestas del Ejecutivo. La fecha del 20 de julio no es casual: coincide con la instalación del nuevo Congreso y marca el inicio del último tramo del actual periodo presidencial.
El debate trasciende lo político. Trabajadores, sindicatos, empresarios y jóvenes con empleos precarios esperan definiciones sobre sus garantías laborales. La posibilidad de una Constituyente divide opiniones: algunos la ven como salida necesaria, otros como riesgo institucional.
