Natalia Gutiérrez Jaramillo, presidenta de Acolgen y del Consejo Gremial Nacional, respaldó la decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente el decreto de emergencia económica.
“Desde el Consejo Gremial respetamos plenamente la independencia y autonomía de la Corte Constitucional. La suspensión del decreto de emergencia era necesaria, es coherente con la Constitución”, afirmó Gutiérrez en su pronunciamiento oficial.
La dirigente gremial explicó que la medida cumple una función fundamental para proteger la economía del país. “Cumple la función clave de evitar la consolidación de perjuicios irremediables derivados de medidas excepcionales que producirían efectos inmediatos e irreversibles”, señaló.
Gutiérrez reiteró la posición del Consejo Gremial sobre la inexistencia de causas que justificaran el estado de excepción. “No existe una crisis imprevisible, se cuenta con mecanismos ordinarios para enfrentar retos presupuestales ordinarios”, manifestó la presidenta de Acolgen.
La líder empresarial criticó el uso de poderes extraordinarios por parte del Ejecutivo para implementar cambios estructurales sin debate democrático. “No pueden usarse poderes excepcionales para imponer reformas estructurales ni sustituir el debate democrático”, expresó.
“La estabilidad institucional y el respeto por la Constitución son esenciales para el país”, concluyó Natalia Gutiérrez en su declaración pública.
El sector de generación eléctrica fue uno de los más afectados por los decretos de emergencia económica. El Decreto 044 de 2026 estableció dos nuevos aportes obligatorios para las empresas generadoras de energía eléctrica: una contribución parafiscal del 2,5% sobre la utilidad antes de impuestos y una contraprestación tributaria en energía del 12% de la energía vendida en bolsa.
Acolgen expresó su profunda preocupación por las decisiones adoptadas, al considerar que “alteran de manera intempestiva e injustificada el marco jurídico vigente”, según comunicado previo del gremio.
El gremio había advertido que la incertidumbre regulatoria puede frenar nuevas inversiones clave para el sector, afectar el desarrollo de la subasta del cargo por confiabilidad, retrasar nuevos proyectos de energías renovables y poner en riesgo los procesos de contratación de largo plazo.
Acolgen recordó que, en los últimos 30 años, las empresas generadoras han invertido más de 140 billones de pesos para garantizar un suministro confiable, y que Colombia necesita invertir entre 10 y 13 billones anuales para asegurar la energía del futuro.
La suspensión provisional del decreto elimina temporalmente estos gravámenes hasta que la Corte Constitucional emita un fallo definitivo sobre la constitucionalidad de la emergencia económica.
