La Contraloría General de la República emitió un análisis técnico que cuestiona la propuesta del Ministerio de Hacienda para limitar las inversiones internacionales de las AFP, advirtiendo consecuencias negativas tanto para ahorradores como para las arcas públicas.
El proyecto de decreto gubernamental plantea disminuir progresivamente el tope de capital invertido en el exterior desde el 49% actual hasta el 30% en un quinquenio. Durante los tres primeros años, el límite quedaría fijado en 35%.
Según las proyecciones del organismo de control, esta restricción forzaría el retorno de aproximadamente $100,3 billones en 2028 y $177,8 billones hacia 2030 para canalizarlos hacia alternativas nacionales.
El ente fiscalizador identificó múltiples alertas. Históricamente, los rendimientos internacionales han superado ampliamente a los locales: mientras el fondo moderado mixto alcanzó 8,5% promedio anual, un portafolio exclusivamente colombiano habría logrado apenas 3,8% en igual período.
Las simulaciones demuestran que un millón de pesos invertido desde 2011 en mercados externos habría crecido hasta $3.228.356, comparado con solo $1.670.363 en opciones domésticas. Esta brecha implica que los trabajadores podrían recibir mesadas hasta 29,5% inferiores al momento de jubilarse.
La Contraloría calcula pérdidas de $3,2 billones en rentabilidad sobre los recursos repatriados durante cinco años. Adicionalmente, señala ausencia de certeza sobre proyectos locales capaces de absorber el incremento del 18% en inversión doméstica, que pasaría del 51% al 69% del portafolio total.
El organismo advierte presión fiscal creciente entre 2037 y 2052, cuando Colpensiones enfrentará menos cotizantes activos y más pensionados. Menores rendimientos obligarían al Gobierno Nacional a cubrir déficits actuariales mayores, comprometiendo la sostenibilidad del sistema.
