Una decisión de segunda instancia mantuvo firmes las medidas cautelares que recaen sobre una residencia de alto valor perteneciente al ministro Armando Benedetti, en medio del trámite de extinción de dominio que adelanta el ente acusador.
Los magistrados del Tribunal Superior negaron los argumentos presentados por la defensa del funcionario y determinaron que el inmueble seguirá bajo custodia de las autoridades judiciales hasta que concluyan las indagaciones sobre un incremento en su patrimonio que no cuenta con justificación documental.
La Fiscalía General sostiene que la propiedad podría tener relación con dineros cuya fuente no ha sido demostrada o que se combinaron con recursos de origen legal.
La providencia aclara que estas acciones son de carácter preventivo y no representan una declaración de culpabilidad. Su objetivo principal consiste en impedir que el bien sea comercializado, cedido o retirado del proceso mientras transcurre la investigación.
De manera simultánea, los jueces analizaron un contrato de leasing que el ministro suscribió con BBVA. En este aspecto, confirmaron la suspensión del poder dispositivo, medida que prohíbe realizar operaciones sobre ese activo hasta resolver su condición legal.
No obstante, la Sala realizó una salvedad importante: descartó la procedencia de embargo y secuestro directo sobre el arrendamiento financiero, al considerar que Armando Benedetti no aparece como dueño del bien ni cuenta con su disfrute pleno.
La titularidad patrimonial reposa en la entidad financiera BBVA, que figura como propietaria real de la operación, según quedó establecido en el fallo.
