La emergencia económica declarada por el presidente Gustavo Petro enfrenta su momento más crítico en la Corte Constitucional. El Gobierno utiliza este mecanismo para cerrar el déficit fiscal y garantizar recursos del presupuesto nacional de 2026.
Dos magistrados del alto tribunal presentaron peticiones que podrían tumbar los nuevos tributos creados bajo esta figura jurídica excepcional.
Juan Carlos Cortés solicitó frenar parcialmente los decretos, enfocándose en impuestos indirectos puntuales. Según reveló El Tiempo, su pedido busca detener el IVA del 19 % aplicado a bebidas alcohólicas y apuestas virtuales.
Carlos Camargo fue más allá y pidió suspender tanto el decreto principal de la emergencia como el texto reglamentario que estableció los nuevos gravámenes.
Camargo cuestionó la justificación del Ejecutivo. En su concepto, el Gobierno no logró probar adecuadamente la urgencia ni la necesidad de declarar la emergencia económica, lo que —a su juicio— implicó que el presidente se excediera en sus funciones al imponer tributos a través de decretos.
El análisis judicial coincide con el escrutinio político. Este martes 27 de enero, el Senado reanudará las sesiones extraordinarias dedicadas al control político sobre la declaratoria. Esos debates comenzaron en diciembre de 2025, pero se aplazaron porque varios ministros no asistieron y el Ejecutivo entregó respuestas que los congresistas calificaron como incompletas.
Además, el tribunal afronta un conflicto interno. Jorge Enrique Ibáñez, quien preside la Corte Constitucional, le solicitó a la Sala Plena que decida si debe apartarse del examen sobre la suspensión. Ibáñez advirtió que podría existir causal de impedimento porque ya se pronunció previamente sobre el tema.
La Sala Plena resolverá en los próximos días si acepta el impedimento y si acoge las solicitudes de suspensión, decisión que marcará hasta dónde puede llegar el Ejecutivo al declarar estados de excepción para crear impuestos.
