El desalojo de la invasión ubicada en el humedal Berlín siguió su curso luego de que 88 apelaciones y acciones de tutela presentadas por ocupantes no prosperaran ante los jueces.
Las decisiones judiciales declararon improcedentes los recursos y dejaron en firme la orden de demolición sobre más de 900 edificaciones construidas sin autorización.
La ocupación incluía cambuches y viviendas elaboradas tanto con materiales provisionales como permanentes, levantadas en un área ambiental donde la normativa prohíbe el urbanismo.
Estudios de la Secretaría de Planeación, apoyados en cartografía y georreferenciación, ubicaron estas estructuras dentro de la zona de amortiguación del ecosistema.
Tras las inspecciones, la Inspección de Policía Especializada en Urbanismo impuso la medida correctiva de derribo por violaciones a la Ley 1801 de 2016.
Los afectados apelaron la decisión y luego acudieron a la vía constitucional para intentar suspender el procedimiento. Ninguna solicitud logró detenerlo.
Con los fallos judiciales a favor del municipio, la Alcaldía de Montería activó el operativo con respaldo de la Policía Metropolitana y organismos de control.
Las autoridades avanzaron con el retiro progresivo de construcciones y el aseguramiento del perímetro para evitar nuevas ocupaciones.
