La crisis del servicio de energía en la Costa Caribe no empezó ayer ni responde a una coyuntura reciente. Así lo planteó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, quien afirmó que los problemas estructurales del sistema se extienden por más de dos décadas y apuntó directamente a la clase política regional como una de las principales responsables de que la situación se haya prolongado.
Durante una rueda de prensa, el funcionario recordó que en ese periodo pasaron al menos siete empresas por la operación del servicio sin que se lograra una solución de fondo.
A su juicio, ese constante relevo de operadores no corrigió las fallas del modelo ni mejoró las condiciones de los usuarios, lo que terminó por consolidar una crisis crónica en la región.
Palma Egea también cuestionó el silencio de varios sectores gremiales frente a ese deterioro. Según explicó, la falta de presión y control permitió que se normalizaran distorsiones que hoy se reflejan en tarifas elevadas, interrupciones frecuentes y una percepción de abandono en amplias zonas del Caribe.
El ministro defendió que las medidas que hoy adopta el Gobierno Nacional, algunas de ellas bajo el marco de la emergencia económica, buscan corregir ese rezago histórico.
Aseguró que las decisiones no persiguen beneficios empresariales, sino garantizar la continuidad del servicio como un derecho básico, especialmente en territorios donde la pobreza monetaria se cruza con la llamada pobreza energética.
En ese contexto, el jefe de la cartera explicó que las acciones actuales no trasladarán nuevas cargas a los usuarios y tendrán carácter temporal. El Ejecutivo, añadió, prioriza la estabilidad del sistema eléctrico para evitar un riesgo mayor en la prestación del servicio.
