La Policía Metropolitana de Montería ratificó su compromiso de seguridad para las elecciones legislativas y consultas presidenciales del 8 de marzo de 2026 durante mesa de coordinación regional con alcaldes, delegados de la Registraduría y representantes de la Fuerza Pública.
El coronel Héctor Ruiz Arias, comandante de la Policía Metropolitana de Montería, lideró el encuentro donde se analizó el Divipole (División Política Electoral) con corte al 30 de diciembre de 2025, estableciendo las capacidades institucionales para que 567.285 ciudadanos aptos para votar en la jurisdicción ejerzan su derecho con total libertad.
La institución cubrirá los municipios de Montería, Cereté, Ciénaga de Oro, San Pelayo y San Carlos con el siguiente dispositivo de seguridad:
- 156 puestos de votación con seguridad garantizada
- 153 puestos (97%) bajo custodia directa de la Policía Nacional
- 1.709 mesas electorales con protección
- 79 puestos en zona rural (50.65%)
- 77 puestos en cascos urbanos (49.35%)
Se habilitaron 17 nuevos puestos en zonas de expansión y áreas rurales de Montería, Cereté y Ciénaga de Oro. De estos, 16 tendrán custodia policial integral. Adicionalmente, se mantiene seguimiento especial a cuatro puntos en Nueva Esperanza (Montería), Buenos Aires (San Pelayo) y San Miguel Abajo (San Carlos).
El comandante Ruiz explicó que el despliegue se ejecutará bajo la Estrategia S2D, diseñada para proteger el proceso electoral y garantizar convivencia ciudadana durante la jornada de votación.
“Nuestro compromiso es garantizar que cada ciudadano pueda ejercer su derecho al voto en un entorno seguro, tranquilo y transparente. La Policía Metropolitana desplegará todas sus capacidades humanas y logísticas para proteger la democracia, respetar la dignidad de los votantes y acompañar de manera permanente a las autoridades electorales antes, durante y después de la jornada electoral”, afirmó el oficial.
El plan contempla atención prioritaria a la ruralidad, donde se concentra más de la mitad de los puestos de votación, históricamente vulnerables a presiones de grupos armados ilegales y compradores de votos.
