La Presidencia de la República radicó este miércoles 21 de enero un escrito de recusación contra el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar ante la Corte Constitucional, en el proceso de control constitucional del Decreto 1390 de 2025 que declaró el Estado de Emergencia Económica y Social.
La solicitud se basa en la causal de recusación por “haber conceptuado sobre la constitucionalidad de la disposición acusada”, contenida en el artículo 25 del Decreto 2067 de 1991.
Según la Presidencia, las declaraciones del magistrado Ibáñez a la periodista María Isabel Rueda configuran esta causal de recusación. En la entrevista, el magistrado habría señalado que “con los decretos de los estados de excepción, en este caso del estado de emergencia, se pueda decretar la suspensión provisional, y ese es un tema que tiene que resolver la Corte de manera inmediata”.
El documento presidencial argumenta que estas declaraciones “comprometen objetivamente la apariencia de imparcialidad, estándar suficiente para la configuración de la causal de recusación conforme a la jurisprudencia reiterada” de la Corte Constitucional.
La Presidencia sostiene que “aún si se admitiera, en gracia de discusión, que las declaraciones del magistrado no constituyen un pronunciamiento definitivo sobre la exequibilidad del decreto, lo cierto es que comprometen objetivamente la apariencia de imparcialidad”.
La solicitud fue radicada ante el magistrado Carlos Camargo Assis de la Corte Constitucional y busca garantizar “el principio de imparcialidad judicial y de la confianza pública en la Corte Constitucional como juez de los estados de excepción”.
