Grupo de Tareas Especiales asume investigación contra director de UNP por caso Uribe Turbay

El grupo especial tiene el mandato de investigar y judicializar "todas las noticias criminales y demás hechos relacionados con el atentado al senador Miguel Uribe Turbay"
1 mes atrás
Foto | La Razón

La Fiscalía General de la Nación informó que la investigación contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros, por presunto prevaricato por omisión en el caso del magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, será asumida por el Grupo de Tareas Especiales creado específicamente para este caso.

La decisión fue adoptada por la fiscal 295 de la Unidad de Administración Pública de Bogotá tras conocer los alcances de la Resolución 001683 del 19 de junio de 2025, mediante la cual el director de la Seccional Bogotá, Javier Mauricio Paba Mejía, conformó el equipo especializado con competencia integral sobre el atentado.

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El grupo especial tiene el mandato de investigar y judicializar “todas las noticias criminales y demás hechos relacionados con el atentado al senador Miguel Uribe Turbay”, según estableció la resolución emitida doce días después del asesinato del precandidato presidencial.

La Fiscalía explicó que la remisión del expediente busca “evitar futuras nulidades procesales y permitir la concentración de las diligencias en el equipo especialmente asignado”, garantizando así la unidad investigativa del caso.

En los próximos días, la fiscal 295 y el Grupo de Tareas Especiales sostendrán una mesa técnica para “fortalecer la línea investigativa por la posible desatención a los llamados de protección y de mejoras al esquema de seguridad del precandidato Uribe Turbay”.

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Durante este encuentro técnico se valorarán “los elementos materiales probatorios obtenidos hasta el momento, en aras de tener mayor contexto, unidad y una visión integral del caso”, según detalló el comunicado oficial.

La investigación se centra en determinar si el director de la UNP incurrió en prevaricato por omisión al presuntamente no responder a solicitudes de reforzamiento del esquema de seguridad del congresista asesinado el 7 de junio de 2025.