Presidente justifica gasto de $10.000 millones en su defensa por lista Clinton y llama “apátridas” a la oposición

El mandatario atribuyó su inclusión en lista OFAC a gestiones de sectores políticos en Washington.
2 meses atrás

El presidente Gustavo Petro salió en defensa del contrato por más de 10.000 millones de pesos que suscribió el Gobierno nacional para su representación legal en Estados Unidos, tras su inclusión en los registros de la Office of Foreign Assets Control (OFAC), conocida como “lista Clinton”.

El mandatario responsabilizó directamente a sectores de la oposición por las gestiones realizadas en territorio estadounidense que derivaron en su aparición en ese listado. “Eso nos costó las consecuencias de las visitas de la oposición a Washington y a Miami, buscando invasiones y muertos y cárceles. Ufff. Querían hasta invasión y extracción y no sé cuántas cosas más, apátridas”, declaró el jefe de Estado.

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Petro justificó el convenio como una necesidad institucional derivada de una determinación adoptada por una autoridad extranjera, señalando que la representación legal busca salvaguardar los intereses del presidente en escenarios internacionales.

Críticas al monto y uso de recursos públicos

El contrato ha generado cuestionamientos desde diferentes bancadas políticas que han puesto en duda tanto la cuantía del acuerdo como la conveniencia de que recursos estatales cubran estos servicios. Representantes de sectores opositores han calificado el desembolso como excesivo y han solicitado aclaraciones sobre cómo se escogió la firma contratada y qué partidas presupuestales financian estos honorarios.

El acuerdo se estableció con un bufete especializado en temas legales y regulatorios para adelantar los trámites requeridos con el fin de impugnar y esclarecer su registro en las listas que maneja la OFAC ante instancias judiciales y administrativas estadounidenses.

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La Procuraduría General de la Nación anunció el inicio de una indagación previa para determinar si durante la celebración del contrato se respetaron los principios y exigencias establecidas en las normas de contratación estatal. El ente de control aclaró que esta actuación pretende verificar la legalidad del proceso y no representa, hasta ahora, la presentación de cargos disciplinarios.