La fiscal primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marlene Orjuela Ramírez, presentó formalmente ante el Tribunal Superior de Bogotá la demanda de casación contra la absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el caso de presunto soborno a testigos.
El escrito judicial de 108 páginas busca anular la decisión de segunda instancia que declaró inocente al exmandatario.
En su lugar, el ente acusador solicita restablecer la condena de 12 años de prisión domiciliaria que había impuesto la juez 44 penal del circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
La Fiscalía basa su recurso extraordinario en “graves y trascendentes errores cometidos por la Sala mayoritaria (del Tribunal Superior de Bogotá) al proferir fallo absolutorio en favor del doctor Álvaro Uribe Vélez, los cuales correspondieron a la violación indirecta de la ley, esto es, a yerros de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas”.
Argumentos del ente investigador
La representante del ente acusador mantiene que sí existió una conducta sistemática, dolosa y concertada para obtener declaraciones falsas mediante sobornos, entregas dinerarias y promesas de beneficios con el propósito de favorecer procesalmente al expresidente.
Durante el proceso judicial, la Fiscalía expuso que el abogado Diego Cadena, bajo la directriz de Uribe, habría utilizado testimonios falsos de detenidos en la cárcel de Cómbita, Boyacá, para sustentar el 27 de junio de 2018 un memorial de demanda con el que se buscaba el desarchivo de la investigación contra el senador Iván Cepeda.
El ente acusador también afirmó que las pruebas demostrarían que el exmandatario estuvo plenamente informado en tiempo real del operativo de recolección irregular de las cartas de tres internos de la cárcel de Combita, con las que se pretendía desarchivar el proceso contra el congresista Cepeda.
Por su parte, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que no existieron pruebas suficientes que demostraran la existencia de un plan criminal ni de instrucciones directas del expresidente a su abogado para efectuar ofrecimientos económicos, y dispuso la anulación total de la sentencia del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá.
