El Gobierno Nacional anunció que tomará medidas legales contra los gobernadores que se nieguen a cumplir los decretos expedidos bajo la declaratoria de emergencia económica del presidente Gustavo Petro.
El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, respondió así a la decisión de 17 mandatarios departamentales de no acatar las disposiciones tributarias del Ejecutivo.
Idárraga calificó la posición de los gobernadores como un “exabrupto jurídico” y explicó que el Gobierno evaluará qué acciones legales emprenderá según los actos administrativos que cada gobernación expida para concretar su rechazo.
El funcionario fue claro al señalar que los gobernadores carecen de competencia para cuestionar la validez de los decretos de emergencia, función que corresponde exclusivamente a la Corte Constitucional. Según el ministro, pretender desconocerlos mediante una excepción de inconstitucionalidad implicaría usurpación de funciones y violación de la Constitución Política.
Mientras tanto, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) radicó ante la Corte Constitucional una coadyuvancia a la medida cautelar presentada por la Alcaldía de Medellín, que busca suspender provisionalmente el Decreto 1390 de 2025 que declaró el Estado de Emergencia Económica y Social.
Asocapitales argumenta que las razones expuestas por el Gobierno no cumplen los requisitos de sobreviniencia, imprevisibilidad y gravedad que exige el artículo 215 de la Constitución. Según la agremiación, se trata de problemas estructurales y previsibles que deberían resolverse con mecanismos ordinarios. También pidieron suspender el Decreto 1474 de 2025 y otros derivados de la emergencia.
Por su parte, la Federación Nacional de Departamentos (FND) informó que los gobernadores analizarán urgentemente un mecanismo jurídico para detener los efectos del Decreto 1474 de 2025, especialmente el aumento del Impuesto al Consumo y el incremento del IVA del 5% al 19%, mientras la Corte Constitucional se pronuncia.
La FND alertó que estas medidas podrían comprometer la sostenibilidad financiera de los departamentos y afectar servicios esenciales como salud, educación y deporte. Los gobernadores solicitarán un espacio de intervención ante la Corte Constitucional y designaron una comisión de voceros para representar a los territorios en este proceso.
