El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, desmintió categóricamente que las críticas del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, hubieran influido en la suspensión del traslado de los jefes de las bandas criminales ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’ a cárceles de la capital atlanticense.
“La suspensión de ese traslado no se da por la réplica del alcalde Char”, afirmó Idárraga durante una rueda de prensa este martes, en la que explicó las razones detrás de la cancelación del movimiento de estos peligrosos delincuentes.
La decisión del Gobierno nacional de trasladar a Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, jefe de ‘Los Costeños’; Digno José Palomino Rodríguez, líder de ‘Los Pepes’, y Óber Ricardo Martínez Gutiérrez, alias ‘El Negro Ober’ había generado un fuerte rechazo por parte del mandatario local.
Char había expresado públicamente su inconformismo a través de sus redes sociales. “Aquí no se ha tenido en cuenta el sufrimiento de personas que han sido víctimas de la extorsión, pagando hasta con su vida por el mal accionar de estos grupos. No se ha tenido en cuenta el dolor de las madres que han perdido a sus hijos, ni a los comerciantes que han cerrado sus negocios”, señaló el alcalde en su cuenta de X.
Char había destacado además que Barranquilla ha invertido más de 150.000 millones de pesos en seguridad para reducir la criminalidad y la extorsión, cuestionando el respaldo del Gobierno nacional precisamente cuando la ciudad se prepara para el Carnaval.
Sin embargo, según Idárraga, la verdadera razón de la suspensión fueron las contradicciones surgidas el fin de semana previo con el equipo negociador del Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño.
“La suspensión obedece es a una falta de cumplimiento de acuerdos y compromisos entre estas dos bandas criminales en el marco de la mesa que tienen con la oficina del Alto Comisionado para la Paz”, explicó el ministro.
Idárraga fue enfático al señalar que cualquier nuevo traslado debe cumplir condiciones claras. “Necesitamos determinar claramente a qué es que se trasladan esas personas, cuáles van, para qué van, qué funciones van a cumplir”, precisó el funcionario, agregando que no se pueden trasladar “para delinquir más cerquita entre ellos”.
El ministro también defendió la necesidad de proteger la vida y el orden público en Barranquilla, aspectos que considera no han sido atendidos adecuadamente por las autoridades del departamento y la localidad.
A pesar de las diferencias públicas, Idárraga expresó respeto institucional hacia el alcalde. “El alcalde Char es el alcalde, le guste a quien le guste, así como el presidente es el presidente, le guste a quien le guste”, manifestó, subrayando la importancia de mantener canales de comunicación para evitar malos entendidos.
El funcionario aclaró que el Ministerio de Justicia no decide por sí mismo estos traslados, sino que actúa como vehículo para materializar los acuerdos tomados en la mesa de negociación. Las decisiones se toman únicamente por solicitud de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
Los traslados previstos sumaban 16 personas en total, como parte del proceso de diálogos de ‘paz urbana’ con estas estructuras criminales, que mantienen una tregua vigente hasta el 20 de enero. Los cabecillas permanecen recluidos en las cárceles de Cómbita (Boyacá) y La Picota (Bogotá).
